Se mencionó anteriormente la especial relevancia de estos dos factores en el control de las ECNT. Ambos son bastiones que dan cuenta de derechos indispensables a la dignidad de las personas. Es fundamental entender que la salud y la seguridad social son derechos no sólo humanos, sino que su garantía es de naturaleza política; se orientan a garantizar "un mínimo de condiciones para la seguridad y el bienestar social", bajo tutela directiva del Estado a través de sus órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
La protección a la salud en México se establece en el Artículo 4 constitucional. Originalmente el artículo planteaba la libertad de profesión en 1917. Posteriormente se ha reformado 14 veces para incluir en él varios párrafos relativos a los distintos aspectos de su realización: en 1974 se declara la igualdad del hombre y la mujer, así como su derecho a la planificación familiar (impulsado por políticas de control poblacional). Luego se adicionarán las declaraciones de obligación de los padres con sus hijos (1980); de la protección a la salud (1983); del derecho a la vivienda digna (1983); de la protección a la pluriculturalidad (1992); al medio ambiente sano (1999); de los derechos de los niños (2000); del derecho a la cultura (2009); del derecho al deporte (2011); del derecho a la seguridad alimentaria (2011); del derecho al agua (2012); del derecho a la identidad (2014). En la cronología se aprecia la evolución conceptual del estado de bienestar social, si bien es cierto que en su aplicación persisten grandes obstáculos.
Debemos recalcar que las reformas al artículo cuarto se originan en contextos de crisis. Ya se mencionó que la primera (1974) surge de políticas de contención demográfica, en los que se proyectaba la insuficiencia de los medios para atender a las siguientes generaciones de no emprenderse acciones necesarias. La tercera reforma -cobertura universal de salud (1983)- se instaura paralelamente al primer Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Estos cambios estructurales dan cuenta de la mudanza política que declara caduco al modelo ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones). El sistema de salud, hasta ese momento:
"seguía con una lógica de crecimiento industrial, asociando la cobertura de protección en salud con esquemas de seguridad social por condición de empleo, esto es, servicios de salud con prepago provistos en un esquema público para los trabajadores en el sector formal de la economía."
La declaración de cobertura universal se realiza entonces, tanto por la presión internacional (derivada de la conferencia de Alma-Ata en 1978 y los pactos con el FMI del sexenio de Hurtado), como por necesidad de ejecutar maniobras políticas de control interno. Consecuente con ese contexto, el sistema de salud cumplía con una baja cobertura y calidad. Además, el intento de reorganizar al Sistema Nacional de Salud, bajo supervisión de la Secretaría de Salud -tratando en ese momento de crear un organismo central y rector tanto para instituciones públicas como privadas-, sucumbió ante el peso histórico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Situación que persiste hasta el día de hoy, incluso agravada por los acuerdos de descentralización gubernamental del 1995 y 2000.
La actual dinámica económica del país, todavía en crisis y mantenida en la informalidad (autoempleados y trabajadores sin prestaciones al alza), sigue dejando a gran parte de la población desprotegida respecto a los gastos excesivos en salud, que redunda en un sistema de salud empobrecido y desigual.
A pesar que los estimados actuales valoran a la población nacional afiliada desde un 98 hasta un 79% a cualquier servicio de salud, investigaciones señalan que "aún estamos lejos de que el total de la población mexicana tenga seguridad social, ya que existe un número considerable de mexicanos que sólo tiene protección en salud, olvidando que la seguridad social es mucho más que la atención en salud sin garantía de exigibilidad". Adicionalmente, el sistema de salud, tipificado "a todas luces de inequitativo y desigual para los mexicanos", afecta en su fraccionamiento y falta de coordinación, a la disponibilidad de recursos. No puede obviarse la relación directa entre el estado de salud de la población, con el acceso a tratamientos adecuados:
Tabla 5. Tratamiento prescrito para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en Naucalpan
Debido a que a cada paciente puede prescribírsele más de un medicamento, la sumatoria de los medicamentos puede ser mayor que 100.
Del total de personas con DM2 con prescripción en su última cita (2,770):
A 1,29 (40%) les prescriben insulina (hormona esencial para el procesamiento de alimentos)
A 882 (31%) les prescriben glibenclamida (medicamento que baja los niveles de azúcar en la sangre)
A 2,436 (87%) les prescriben metformina (medicamento antidiabético)
Fuente: Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC)
Tabla 5. Porcentaje con medición de A1c* en últimos 12 meses en Naucalpan
Del total de pacientes con registro de A1c:
45.7% con A1c < 7
54.3% con A1c ≥ 7
Fuente: Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC)
*La prueba A1C es un análisis de sangre que se usa para diagnosticar la diabetes y para ayudar a controlarla. Un nivel de 6.5 por ciento o más indica diabetes; un nivel mayor a 7 indica un mal manejo de la enfermedad. La prueba mide el nivel promedio de glucosa durante los últimos dos o tres meses e indica la eficiencia en general de su plan de tratamiento. Sin embargo, el costo de la prueba es elevado y ha quedado suspendido en el IMSS.
Con los datos anteriores, podemos observar que la falta de atención hacia la población se ve reflejada de forma contundente en los niveles deplorables de salud. Aunque se ha avanzado hacia un esquema con acceso a servicios, ya sea de prepago o sin pago en el punto de contacto, cerca de 50% del gasto total en la ocurrencia de un evento corre por cuenta privada o "de bolsillo".
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